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INFORME sobre el REGLAMENTO DE JUECES ADJUNTOS.



INFORME sobre el REGLAMENTO DE JUECES ADJUNTOS.

El Reglamento 2/2000, Jueces Adjuntos, fue aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por Acuerdo del pasado día 25 de octubre, y se publicó en el B.O.E. nº 267 del martes 7 de noviembre de 2000.



En la fase de su elaboración, la Asociación de JJ. y MM. Francisco de Vitoria emitió el siguiente informe a la propuesta normativa que nos fue cursada a tales fines:

"AL EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES: Aún trascurridos los plazos en su día referidos a los fines informadores, y de acuerdo con las conversaciones mantenidas al respecto, remitimos a esa Comisión de Estudios algunas consideraciones que a juicio de nuestra Asociación Judicial habrían de ser valoradas al concretar la definitiva redacción de Reglamento de Jueces Adjuntos, de cuyo Proyecto recibimos traslado en fecha reciente.

En los términos en que el Reglamento se encuentra redactado, las Disposiciones Generales y las referidas al estatuto y régimen jurídico de los Jueces que pretende regular, nos merece una valoración positiva en lo genérico; si bien, creemos necesarios dos acotamientos: en primer lugar, deberían a nuestro juicio de establecerse unos períodos mínimos (podrían ser seis meses) y otros máximos (podría coincidir con un curso académico) de permanencia en la condición de Juez Adjunto, aún admitiendo que el inicio y finalización de tal etapa no podrá determinare sino por remisión a los específicos planes docentes (con ello evitaríamos tentaciones futuras de prescindir de esta etapa formativa o de su prolongación más allá de lo que recomiendan los fines que se persiguen); y, en segundo lugar, en el ámbito de las funciones que se les atribuyen en el artículo 6.1 del Proyecto, las concretas de "auxilio y colaboración que les indiquen los respectivos tutores" deberían de constreñirse expresamente a las relacionadas con la actividad del Juez en el proceso.

Puesto que en el oficio remisorio se nos reclama especial atención a los extremos alusivos al ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de los jueces en prácticas y que también en el parecer asociativo de Francisco de Vitoria es ésta la cuestión más delicada y conflictiva el Proyecto, al respecto creemos que, por un lado y dentro todavía de las Disposiciones Generales, habría de excluirse expresamente cualquier posibilidad de que los nombramientos como jueces sustitutos o de apoyo -ex. artículo 1.2, párrafo segundo, del Proyecto- puedan ser generales, es decir, afectantes a toda una promoción o una mayoría de sus integrantes; habría de dejarse expresa constancia de que tales nombramientos para el desempeño de funciones jurisdiccionales serán excepcionales e individualizadamente razonados para cada uno de los Organos que reclame tal necesidad de apoyo. 

Por otro lado, enlazando con la necesidad antes aludida de que la permanencia en la situación de Juez Adjunto tuviere una duración mínima, este mínimo habría de operar incluso respecto de aquellos Jueces que, por las razones excepcionales particularizadas antes dichas, hubieren de desempeñar tareas de apoyo o sustitución. Esta permanencia mínima obligatoria como Juez Adjunto nos permitiría obviar un extremo que a nuestro juicio habría de excluirse del Reglamento, cual es la posibilidad que se atribuye a la Escuela para evaluar (en definitiva calificar) las tareas desarrolladas en el ejercicio de la jurisdicción, pues no otra valoración nos merece la posibilidad que se otorga a dicho organismo en el artículo 12.5 del Proyecto. De incluirse aquel mínimo de permanencia como Juez Adjunto nada obstaría a que tal evaluación se llevase a cabo a partir exclusivamente del material aportado durante dicho período.

Por otro lado, aún cuando a lo largo del texto reglamentario se contienen puntuales alusiones a ellos, creemos que es éste el ámbito en el que debería de contenerse la normativa precisa para establecer el estatus y régimen jurídico de los Coordinadores de Escuela. Cuestiones tales como el nombramiento de estos coordinadores, las funciones específicas encomendadas, su ámbito territorial de actuación, relaciones con los Jueces tutores y tutelados de su ámbito territorial, retribuciones, cese,... son todas ellas cuestiones que no encuentran previsión normativa de tipo alguno y que, por su directa vinculación este período formativo del alumno en prácticas debería de incluirse en el Reglamento.
Finalmente, y puesto que compartimos la fiolosofía que inspira la figura del Juez Adjunto y hallamos absolutamente justificada su previsión y regulación, estimamos que debería de aprovecharse ésta para ampliar su ámbito de actuación a los aspirantes a Jueces sustitutos. La justicia sustituta, a nuestro juicio, constituye uno de los males primeros que aquejan a la administración de justicia y, por derivación, también a la consideración del Juez mismo por parte del ciudadano que, sobre todo en el ámbito de las poblaciones menores, sufre en mayor medida el efecto de la desertización judicial. Este ciudadano se hace la idea y valora al Juez a partir del más próximo a él; y éste, sustituto en la mitad prácticamente de aquellos órganos, en ese misma proporción no ha realizado ninguna de las etapas formativas que también consideramos obligadas como previas a toda tarea jurisdiccional. Siendo ello así, el Proyecto de Reglamento crea los instrumentos idóneos (jueces tutores, coordinadores, funciones calificadoras que asigna las Salas de Gonierno) y que perfectamente podrían ser utilizados respecto de quienes aspiren a desempeñar funciones de Juez sustituto. Estos aspirantes a Jueces sustitutos podrían ocupar el mismo circuito que siguen los Jueces Adjuntos aspirante a ingreso en la carrera, en los períodos en los que éstos, en función de los planes docentes, no se encuentren en tal fase formativa, durante también un período mínimo de adjuntía (que podría ir de los tres a los seis meses) y que se constituiría de esa forma en requisito imprescindible para ejercer como Juez sustituto. Evitaríamos con ello supuestos, de todos conocidos, de licenciados en julio que en el octubre siguiente ya se encuentran ejerciendo como jueces de su pueblo. Incluso el ejercicio de la abogacía precisa ya de un período previo de formación postgradual y sus actuaciones profesionales no resultan ni de largo tan incisivas en la vida social como el desarrollo de una actividad jurisdiccional. De resultar nuestra propuesta de interés para ese Consejo General permanecemos en disposición de colaborar en su desarrollo.
Madrid, 10 de mayo de 2000"


INFORME sobre modificación reglamento 5/1995, de aspectos accesorios de las actuaciones Judiciales.

La asociación FRANCISCO DE VITORIA, emitió en el trámite conferido al efecto, el informe que a continuación se expone en relación con el Reglamento 1/2001, conteniendo la modificación del Reglamento 5/1995, de 7 de Junio, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, en lo que se refiere a la adopción de medidas urgentes y a la presentación de escritos durante el servicio de guardia.

El aludido Reglamento, 1/2001, fue aprobado por Acuerdo del Pleno del CGPJ de fecha 10 de enero pasado, y fue publicado en el BOE de fecha 12 de enero y posterior corrección del día 13 del mismo mes y año en curso.

El contenido del INFORME se producía en los siguientes términos:

El proyecto de reforma abarca dos aspectos:

La atribución a los Jueces de Instrucción de competencia para la adopción de las medidas cautelares y la práctica de actuaciones instructoras que sean restrictivas de derechos fundamentales en relación con menores de edad penal fuera de los días y horas hábiles.

La reforma afecta al artículo 41 del Reglamento 5/1995 de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, proponiéndose la supresión de la actual atribución a los Juzgados en funciones de guardia de la obligación de atender a la recepción de escritos cuya presentación esté sujeta a plazo perentorio, siempre que se dirijan a cualesquiera otros órganos jurisdiccionales de la misma sede y tengan entrada una vez concluida la jornada de trabajo del Juzgado o Tribunal destinatario.
A) La atribución a los Jueces de Instrucción de competencia para la adopción de las medidas cautelares y práctica de actuaciones instructoras que sean restrictivas de derechos fundamentales en relación con menores de edad penal fuera de los días y horas hábiles.

La Ley Orgánica 5/2000 atribuye inequívocamente a los Juzgados de Menores la adopción de las medidas cautelares y la práctica de las actuaciones instructoras que sean restrictivas de derechos fundamentales en relación con los menores. Con relación a esta materia se propone modificar el texto vigente del art. 40.3 del Reglamento 5/1995, de 7 de junio, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales.

En el proyecto de acuerdo se fundamenta exclusivamente la atribución de competencia para tales efectos a los Jueces de Instrucción en los días y horas inhábiles en la permanente accesibilidad y disponibilidad del Juzgado de Instrucción de guardia y de su titular. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria informa lo siguiente:

Se viene a alejar al menor de su juez natural en el momento más delicado, que es cuando está privado de libertad y ha de decidirse sobre la adopción de medidas restrictivas de derechos fundamentales. Se priva del conocimiento y toma de decisión al juez especializado y profesionalmente capacitado, que es el Juez de Menores, y se atribuye al Juez de Instrucción la aplicación de una normativa ajena a su ámbito propio de competencia. Como bien señala la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores se quiere atribuir la competencia a un Juez con categoría de Magistrado y preferentemente especialista. Pues bien, la adopción de medidas restrictivas de derechos fundamentales de los menores va a quedar en no pocas ocasiones a la decisión de los jueces de menor antigüedad en la Carrera Judicial.

Se hace parcialmente ineficaz la previsión del artículo 28 de la Ley en el sentido de que en la comparecencia previa a la adopción de medidas cautelares el Ministerio Fiscal y el letrado del menor podrán proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las veinticuatro horas siguientes, pues en la práctica se impide acceder a los antecedentes, informes y documentación en general que sobre el menor pudieran encontrarse en el Juzgado de Menores.

Ni siquiera el argumento práctico de la disponibilidad del Juez de Instrucción es atendible, pues como es sabido el protagonismo del Ministerio Fiscal en la instrucción de las causas contra menores obligará a que el Fiscal se traslade al partido judicial donde haya sido puesto a disposición judicial el menor.

Pero es que no sólo deberá trasladarse al partido judicial donde el menor haya sido puesto a disposición judicial el Ministerio Fiscal, sino también el equipo técnico y la representación de la entidad pública de protección o reforma de menores, pues el artículo 28 de la Ley establece que el Juez, oído el letrado del menor, así como el equipo técnico y la representación de la entidad pública de protección o reforma de menores, que informarán especialmente sobre la naturaleza de la medida cautelar, resolverá sobre lo propuesto tomando en especial consideración el interés del menor. Igualmente establece que el Juez de Menores resolverá sobre la propuesta del Ministerio Fiscal en una comparecencia a la que asistirán también el letrado del menor y el representante del equipo técnico y el de la entidad pública de protección o reforma de menores, los cuales informarán al Juez sobre la conveniencia de la adopción de la medida solicitada, desde la perspectiva del interés del menor y de su situación procesal.

Si se adopta medida cautelar de internamiento va a ser igualmente necesario el traslado del menor hasta el Centro correspondiente, que con toda probabilidad estará en la respectiva capital de la provincia, con lo que tampoco el menor se beneficia en este aspecto de la privación de competencia al Juez de Menores.

No menos perjudicial será la posibilidad de estancia conjunta de los menores con detenidos mayores de edad si no se adoptan medidas tajantes para que los traslados en vehículos y la permanencia en departamentos de detención de los Juzgados no den lugar a tal comunicación. El art. 17.3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores establece que mientras dure la detención, los menores deberán hallarse custodiados en dependencias adecuadas y separadas de las que se utilicen para los mayores de edad, y recibirán los cuidados, protección y asistencia social, psicológica, médica y física que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características individuales 8.

Ha sido tradicional, lo que no significa que elogiable, atribuir al Juez de Instrucción



MODULOS DE TRABAJO
1.- LOS MÓDULOS DE TRABAJO EN EL ORDEN PENAL


2.- LOS MÓDULOS DE TRABAJO EN EL ORDEN CIVIL


3.- LOS MÓDULOS DE TRABAJO EN EL ORDEN SOCIAL


4.- LOS MÓDULOS DE TRABAJO EN LOS JUZGADOS MIXTOS


6.- LOS MÓDULOS DE TRABAJO EN EL ORDEN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

- TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO


LOS MÓDULOS DE TRABAJO EN EL ORDEN PENAL


PONENTE: ILMO SR DON ANDRÉS JAVIER GUTIÉRREZ GIL
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº45
MADRID


JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN

1. - AUSENCIA DE VALORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR DENUNCIA QUE CONCLUYEN EN SOBRESEIMIENTO Y DEL EXAMEN DIARIO DEL REPARTO DE ASUNTOS.

- El examen diario del reparto de asuntos comprenden la lectura, calificación y resolución a adoptar sobre denuncias y escritos de todo orden. Muchas de esas denuncias dan lugar a la práctica de diligencias, entre ellas las declaraciones a presencia judicial. Si tras ello el Juez acuerda el archivo de la causa, según el proyecto, toda esa actividad queda sin valorar.


- En el Proyecto la tramitación y resolución de aquellos asuntos que iniciados por atestado o denuncia concluyan en sobreseimiento, no son objeto de ningún tipo de valoración, por numerosos que sean y por laboriosos que puedan llegar a ser en cada caso, ( piénsese que la mayoría de los procedimientos que han despertado el mayor interés nacional y han dado lugar a laboriosas instrucciones con años de duración e infinidad de diligencias, se han iniciado por meras denuncias).



- No conceder ninguna puntuación, por mínima que sea, crea un agravio comparativo para los Juzgados con mayor carga de trabajo, pues miles de procedimientos quedan sin absolutamente ninguna valoración. A título de ejemplo, en Madrid en 1998 cada Juzgado de Instrucción recibió una media de 48.000 escritos entre denuncias iniciales y escritos posteriores. La atribución de un minuto a cada asunto como media genera 800 horas al año. Lo cierto es que el examen del reparto de los asuntos asignados cada día, lleva a diario para el juez un tiempo no despreciable. No asignar ninguna puntuación a ese cúmulo de asuntos, se insiste que por mínima que sea, implica una injusta equiparación con los juzgados de escaso número de asuntos que no sufren detrimento si no se valora ese gran número de asuntos y escritos a resolver y tramitar.


2. - DILIGENCIAS INICIADAS POR DENUNCIA SI TERMINAN SIENDO OBJETO DE ARCHIVO.


- En el proyecto sólo es objeto de valoración los asuntos que se sirven si han sido iniciados en virtud de querella. Sin duda se parte del criterio de que un procedimiento iniciado en virtud de querella de ugar por regla general a que no haya archivo de plano, sino que genera la práctica de un conjunto de diligencias que finalmente si se acuerda el archivo la resolución contendrá una motivación más rigurosa y prácticamente siempre se interpondrá recurso, que igualmente habrá que resolver de forma motivada.


- Pero eso mismo es predicable de todo procedimiento en que se constituye una acusación particular, de modo que no existe absolutamente ninguna diferencia entre un asunto que se inicia por querella que aquél en que iniciándose por atestado policial o denuncia, tras el oportuno ofrecimiento de acciones, se personan una o varias acusaciones particulares.



- Por ello se propone la sustitución del criterio de valoración relativo a los asuntos iniciados por querella por el de aquellos asuntos en que se haya constituido una acusación particular. Lo contrario implica nada menos que no asignar ninguna puntuación a muchos de los procedimientos más complejos de un Juzgado.


3. -PUNTUACIÓN RELATIVA A LOS JUICIOS DE FALTAS QUE CONCLUYEN CON SENTENCIA.


- Hay una minusvaloración de la actividad del juez de Instrucción respecto de la del Magistrado del Audiencia Provincial en caso de recurso de apelación contra la sentencia. El criterio debe ser justamente el contrario.


- En efecto el Juzgado de Instrucción lleva a cabo las actuaciones preparatorias del juicio oral ( identificación de los implicados, tasaciones, informes de médicos forense, incorporación de documentos, oficios diversos...) la citación a juicio, la celebración de vista, la notificación de la sentencia, la tramitación del recurso de apelación y si la sentencia es condenatoria su ejecución ( fase que suele ser sumamente laboriosa). Como mínimo, el Juez de Instrucción celebra vista y dicta sentencia; sentencia que por otra parte se ciñe al concreto objeto del recurso y no necesariamente a todos los aspectos resueltos por el Juez de Instrucción. Por ello se considera que la puntuación asignada al Juzgado de Instrucción debe ser al menos el doble de la fijada para el recurso de apelación contra la sentencia.


4. - EXHORTOS.


- No han sido objetos de valoración, pese a que muchos requieren la prestación de declaración a presencia judicial.

5. - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIA



- En el proyecto se omite toda valoración.
- Así en Madrid cada Juez de Instrucción presta servicio de guardia 24 días al año de los que 8, lo son con duración mínima de 24 horas y 16 con duración mínima de doce horas ( es una duración mínima porque la guardia no se puede concluir hasta resolver todos los asuntos, lo cual viene siendo imposible dentro del periodo de doce horas desde la implantación del sistema Libra). En todo caso, ello arroja un resultado mínimo de 384 horas, que lo son reales y que como tales no se comprende que no se valoren a un punto cada hora, sin perjuicio de descontar las horas
- Correspondientes al tiempo de audiencia pública de los días en que el servicio de guardia se presta con independencia de que sea domingo o festivo y parcialmente en horas nocturnas. Y sobre todo la intensidad y responsabilidad de la actividad jurisdiccional durante dicho servicio de guardia, con una remuneración impropia y siempre inferior para el Juez que para el resto del personal del órgano jurisdiccional.


6. - CAUSAS CON PRESO


- La especial dedicación que requieren y la trascendencia de las resoluciones que se adoptan merecen ser objeto de puntuación específica.

7.- PROCEDIMIENTOS DE HABEAS CORPUS Y PETICIONES DE INTERNAMIENTO.


- La especial dedicación que requiere y la trascendencia de las resoluciones que se adoptan merecen ser objeto de puntuación específica.

JUZGADOS DE LO PENAL


PONENTE: ILMO SR DON URBANO SUÁREZ SÁNCHEZ
JUZGADO DE LO PENAL Nº 1
MÓSTOLES, MADRID


1. - EN GENERAL.


- Con la nueva propuesta, que es una mera reducción matemática en cuanto al número de asuntos que se considera adecuado para que puedan ser despachados por un Juzgado de lo Penal, no se abordan algunas lagunas que tenían los módulos anteriores y sobre todo valoraciones distintas que no pueden identificarse con criterios objetivos. A la hora de redactar los nuevos módulos esas diferencias han de ser corregidas si en verdad interesa conocer la situación real y sí, como parece aunque ese Consejo nunca se ha atrevido a hacerlo público, el uso, desde luego no aceptado por la asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, que se pretende dar a los módulos no es sólo el que se ha declarado.

2. - SOBRE LA VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN


Se decía en aquellos que el único matiz que diferenciaba los Juzgados de lo Penal era entre los que llevaban además el trámite de ejecutorias y los que se dedicaban sólo al enjuiciamiento. Aunque ello es en sus líneas generales correcto, sin embargo, a la hora de establecer el criterio en cuanto al tiempo de dedicación, de tal distinción no se recogía una solución satisfactoria.


No se explica él por qué de una reducción del 12,5 % en cuanto al número de puntos cuando la ejecución de las sentencias comporta en no pocas ocasiones, más aún si el procedimiento ha concluido con sentencia de conformidad, una dedicación muy superior a la que el procedimiento mismo requirió.



La necesidad de resolver sobre beneficios que el nuevo Código recoge, como la sustitución de penas, sobre pagos aplazados de las penas de multa, sobre refundiciones de penas, que incluso dan lugar al ejercicio de los correspondientes recursos, con la necesidad de resolver la del preceptivo informe si se llega a la queja, la tramitación de expedientes de indulto, la investigación patrimonial, que no pueden dejarse en manos del Secretario Judicial, en cuanto afecta a derechos fundamentales y no sólo a la ordenación del procedimiento,, no se ha tenido en cuenta, y si lo han sido no se han explicado. Y todo ello hace que insuficiente la medida de corrección establecida en su día y ahora mantenida.
Es necesario por ello que se adopte una nueva valoración acerca del tiempo que se ha de dedicar a la ejecución que suponga su ajuste real al dedicado.


3. - SOBRE LOS ASUNTOS DE ESPECIAL DEDICACIÓN



Cuando se trataba de valorar el tiempo que un Magistrado dedicaba a cada resolución se hablaba de asuntos de especial dedicación pero no se explicaba tampoco en donde radicaba esa dedicación, sí en la redacción de resoluciones o en la celebración del juicio. En no pocas ocasiones un procedimiento que aun siendo de compleja elaboración en su sentencia sin embargo, consume un tiempo, en cuanto a la celebración de la vista oral, muy superior por el número de acusados, número de testigos, etc. No es infrecuente tener que dedicar dos, tres y hasta cuatro días a la celebración de vistas en asuntos en los que la redacción de la sentencia no tiene más dificultad que la extensión pero no el contenido.
Es necesario por tanto que se explique donde se radica la mayor dedicación y en su caso tener en cuenta los supuestos en que la misma reside en la celebración de la vista oral.


4. - SOBRE LA INFLUENCIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN EL TIEMPO DEDICADO A LA CELEBRACIÓN DE VISTAS Y FALLO.

La reforma de las competencias en el orden penal ciertamente, como se dicte en la memoria, ha supuesto un mayor número de asunto y de una mayor complejidad pero además lleva consigo que determinados delitos que siempre habían sido competencia de la Audiencia Provincial, ahora corresponda su enjuiciamiento a los Juzgados de lo Penal, valga el ejemplo del delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño a la salud cuando se trata de cantidad de notoria importancia. Y también que delitos nuevos, cuya primera introducción en nuestro ordenamiento se ha realizado por el Código Penal de 1995, y que en la actualidad van siendo más frecuentes, como sucede con delitos contra la ordenación del territorio o gran parte de los delitos societarios, que a su vez suponen una complejidad mayor a la hora de la celebración de la vista y de dictar la oportuna resolución, se enjuicien en los Juzgados de lo Penal.


Teniendo además en cuenta que ese tipo de delitos se producen en mayor medida en determinadas zonas en desarrollo urbano y económico.



Se ha de tener en cuenta esa mayor carga de trabajo y también la mayor complejidad de los temas sin que pueda ese Consejo escudarse en la compensación que suponía el asumir asuntos más complejos con los de menor dificultad que daba en los anteriores módulos para no analizar a fondo esa distinción.



Además no se puede decir que la dedicación de un Magistrado tenga que incluir tanto la vista como dictar la resolución pues en tal caso la valoración que se realiza dista tanto de la realidad que ha de ser corregida valorando en su caso por separados ambos conceptos.


5. - SOBRE LA INJUSTIFICADA DIFERENCIA DE VALORACIÓN DE SITUACIONES IGUALES ENTRE LOS JUZGADOS DE LO PENAL Y LAS SECCIONES PENALES DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES.


En los anteriores módulos se establecía una valoración entre el tiempo dedicado por las secciones Penales de las Audiencias, que diferenciaba entre el tiempo dedicado a las vistas y aquél que se establecía para dictar resoluciones. Sin embargo para los Juzgados de lo Penal, el tiempo era conjunto cuando la situación es idéntica. Además no se tenía en consideración que también ante la Audiencia Provincial cabe supuestos de conformidades, cuya única diferencia es que no cabe dictar sentencias in voce, valorándose igual todos los procedimientos, lo que sin duda tampoco es correcto y va en detrimento de aquellos órganos Colegiados. Esa distinción entre órganos cuyas semejanzas son tales no estaba Justificada. Y menos aún se justifica que la valoración para dictar sentencias en única instancia sea para la Audiencia provincial de 4 puntos y para el Juzgado de lo Penal, 3¥5,máxime ahora que gran parte de los procedimientos que eran competencia de los órganos de las estafas, de las apropiaciones indebidas etc., se enjuician en los Juzgados de lo Penal.


Además se otorgaba una puntuación de 1 punto a las Audiencias Provinciales por el dictado de autos cuando para los Juzgados de lo Penal a pesar de ser mayor el número de estas resoluciones que han de dictar, a pesar de que en gran parte los casos de acumulación o refundición de penas han de resolverse en Juzgados de lo Penal, no se concedían valoración alguna, cuando en ocasiones una de estas resoluciones comporte una dificultad superior a la que tiene dictar una sentencia en un procedimiento normal.



Se ha de establecer para los Juzgados de lo Penal una valoración similar que la establecida para las Audiencias con competencias penales sí bien con una mínima corrección en función de la necesidad de la deliberación.


6. - SOBRE EL TIEMPO DE DIFÍCIL JUSTIFICACIÓN POR ATENCIÓN A LOS INTERESADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS.



Los anteriores módulos, que la actual propuesta no corrige, se mostraron muy cicateros a la hora de fijar el tiempo que se ha denominado de difícil medición, al menos para los Juzgados de lo Penal.
A diferencia de lo que sucede con otros en que no es frecuente que el justiciable solicite, en legítimo ejercicio de sus derechos, ser recibido y atendido por el Magistrado a fin de exponerle situaciones personales que tienen incidencia en la ejecución de la sentencia, en el orden Penal, es habitual que tanto los justiciables cuando sus familiares e incluso asociaciones de interés social se relacione directamente con el Magistrado. Esto hace que el tiempo que se ha de dedicar atenderlos sea superior al que se da en órganos de otros ordenes jurisdiccionales, a pesar de lo cual se estableció un tiempo igual para todos.



Además de que esa corrección va a permitir que se pueda atender en debidas condiciones tales peticiones ha de servir como criterio para aquellos casos, que sin duda serán minoritarios, en que el Magistrado sin causa que lo justifique desatiende la petición de audiencia.



Se ha de corregir, al menos para los Juzgados de lo Penal, el tiempo de difícil medición, pues las características de los temas enjuiciados hace que la relación con el justiciable sea superior y la demanda de audiencias resulte lo habitual.


7. - CONCLUSIÓN


En definitiva la mera reducción matemática, aunque es una medida correcta impuesta por la nueva situación del estado de los Juzgados de lo Penal, no resulta satisfactoria sino que se ha de abordar una profunda reforma de los criterios que se establecieron para fijar los módulos de trabajo de los Juzgados de lo Penal y muy en particular en cuanto a los Juzgados que conocen del trámite de la ejecución de las sentencias.

AUDIENCIAS PROVINCIALES


PONENTE: ILMO SR DON JOSE MARÍA VÁZQUEZ HONRRUBIA
AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIÓN XVII
MADRID.


Los módulos para las Audiencias provinciales que según la documentación, pecan de una serie de lamentables olvidos que no pueden compensarse con una supuesta disminución de carga competencial debido al reciente aumento de atribuciones de los Juzgados Penales, a saber:

1. - La reforma de dichas cargas competenciales, remediando un error " de bulto" del legislador al publicar el Código Penal del 95 y cuestiones procedimentales derivadas se ha tratado de paliar con la citada " contrarreforma" que a medio plazo puede hacer volver a las Audiencias Penales a una situación normalizada, pero, en la actualidad, aún supone una grave e importante rémora, pues la ingente cantidad de asuntos que derivaron de la situación anterior pesan sobre todas las secciones de esta jurisdicción (ya que prácticamente se vació de contenido la competencia de los juzgados Penales), es todavía muy grande pues no puede olvidarse que no teniendo lógicamente, la " contrarreforma" procesal efectos retroactivos todavía quedan en las Audiencias gran cantidad de asuntos a juzgar por las mismas que no por su condición de " menos graves", no suponen una importante carga de trabajo que exige la atención mínima necesaria y que no pueden despacharse como asuntos baladíes.

2. - Que a las sentencias dictadas en apelación se les dé " un punto" es disparatado. El aumento de la litigiosidad en materia de faltas es, año tras año, plenamente constatable y como en el supuesto anterior a la infracción leve, penalmente hablando, no siempre le corresponde una responsabilidad civil del mismo carácter, es más, tras las reformas operadas en materia de imprudencia los accidentes de trafican comportan una complejidad dentro del ámbito de meras faltas que va aparejada a las muchas veces importantísimas cuestiones económicas que se ventilan y que exigen una atención cuidadosísima dada la enorme trascendencia del asunto para el justiciable.

3. - Se ha olvidado, al sostener la bondad de los módulos para las Audiencias penales, un hecho de singular y capital trascendencia para la adecuada marcha de las mismas que no es otro que la también reciente implantación del enjuiciamiento por jurado. Este procedimiento cuyas vistas aumentan día a día es extraordinariamente complejo y por consiguiente especialmente lento por lo que en definitiva es indefectiblemente retardario tanto para la sección como para el trabajo del magistrado presidente del juicio por jurado que durante varios, siempre, y a veces, muchos días, no tiene tiempo ni posibilidad material y aun jurídica de dedicarse a otros temas con lo que exigir los módulos anuales que constan puede conseguir una pobreza, por premura en resolución, de otros asuntos que desde luego no merecerían una atención que se vislumbra va a ser mínima.

4. - Por último, no es de recibo pretender que dadas las nuevas competencias de los juzgados penales las audiencias Penales van a gozar de una situación especialmente cómoda y posibilitadora de la dicción de las resoluciones que se dicten pues también se olvida la especial trascendencia y complejidad de muchos asuntos con competencia reservada por Ley para las mismas, con lo que las consideraciones anteriores para los juicios por jurado pueden aquí reproducirse, sin olvidar que todos estos asuntos de especial complejidad producen, antes de llegar a su enjuiciamiento por las secciones una ilógica profusión de resoluciones de carácter más o menos interlocutorio dictadas por el Juez de Instrucción, resoluciones que apeladas ante las Audiencias en forma de autos suponen un especial e intensa dedicación, a aveces mucho mayor que sentencias a revisar, también en apelación, dictadas por los juzgados de lo Penal,, sin perjuicio que dado el aumento de sus competencias no todas son, desde luego, de poca o escasa trascendencia jurídica. Establecer por tanto la puntuación de "uno" por la dicción de autos cuando estos, en más ocasiones que se pueda imaginar, son más difíciles complejos y trascendentes que bastantes sentencias en apelación, se considera totalmente desacertado.

Rescatado de: http://www.juecesfcodevitoria.com/
INFORME sobre el REGLAMENTO DE JUECES ADJUNTOS. INFORME sobre el REGLAMENTO DE JUECES ADJUNTOS. Reviewed by fran on mayo 24, 2002 Rating: 5

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