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Definición de consumidor


La necesidad de definir claramente consumidor o usuario a los efectos legales oportunos nace de la Constitución cuyo artículo 51, en sus apartados 1 y 2, hace referencia expresa a su protección
“Artículo 51 CE
    1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
    2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
    3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.”
Este precepto se conecta con lo que hay en el 53.3 CE, por lo tanto pasa a ser un principio informador del ordenamiento jurídico.
Para encontrar la definición de consumidor es necesario acudir a otros cuerpos legales, tanto del ordenamiento jurídico interno como europeo.  Sobre qué debe entenderse por consumidor o usuario sirven de ayuda los siguientes preceptos:
De la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, hoy derogada,  lo dispuesto en el art. 1.2
A los efectos de esta Ley, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden.
Del vigente Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, lo estipulado en el art.3, según el cual:
Concepto general de consumidor y de usuario.
A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.
De la DIRECTIVA 98/6/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de febrero de 1998 relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores su art. 1 e)
«consumidor»: cualquier persona física que compre un producto con fines ajenos a su actividad comercial o profesional.
De la DIRECTIVA 2005/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 11 de mayo de 2005 relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores  en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»), su art. 2 a):

“«consumidor»: cualquier persona física que, en las prácticas comerciales contempladas por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad económica, negocio, oficio o profesión;”
Expuesto lo anterior y tal y como afirma la Guía Jurídica de Consumidores y Usuarios de Wolters Kluver:
“La voz consumidor no es precisamente una expresión unívoca. En economía, consumidor se define como la persona que consume los bienes o servicios que proporcionen los productores o proveedores. O también como el agente económico que demanda bienes y servicios para satisfacer alguna necesidad específica, siempre que los bienes y servicios sean de consumo. Se trata, por tanto, de un agente económico: el último eslabón de la cadena de consumo.”(1)

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