SAP MADRID, 19 DE ENERO DE 2019, CASO FUNNYDENT

Sentencia relativa a un contrato de crédito al consumo, a la solicitud de su resolución y su ineficacia, relacionado con la demanda presentada por un consumidor/paciente para recuperar las cantidades pagadas por un tratamiento dental que no se realizó debido al cierre de la cadena de clínicas dentales.



FUNDAMENTOS DE DERECHO [SENTENCIA FUNNYDENT]:

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la Sentencia apelada, en lo que no se opongan a lo que a continuación se expone.

PRIMERO.- 

La demanda iniciada por la representación de la hoy apelada reclamaba la resolución del contrato de crédito al consumo suscrito con la demandada, con sus efectos inherentes, así como la cantidad de 2.533,26 euros, correspondiente a la diferencia entre la cantidad abonada y el tratamiento odontológico efectivamente llevado a cabo por FUNNYDENT de Alcorcón, antes de interrumpir definitivamente dicho tratamiento por el cierre de la totalidad de sus clínicas el 28 de enero de 2016. 

Y basaba dichas pretensiones en el hecho de que habiendo suscrito el 4 de abril de 2014 con dicha clínica dental contrato para llevar a cabo dicho tratamiento odontológico, por importe de 12.000 euros, suscribió crédito al consumo con la demandada, con el único objetivo de financiar el mismo. 

Asimismo señalaba que tras reclamar tanto a la clínica como a la entidad bancaria una solución, sin obtenerla, y dado que el porcentaje de los trabajos efectuados por Funnydent supone un 40% del tratamiento efectuado, y habiendo abonado 7.333,26 euros, reclama además de la resolución contractual del crédito por estar vinculado al contrato de arrendamiento incumplido, la diferencia entre lo abonado y el valor del tratamiento efectuado -4.800 euros-, lo que supone la cantidad reclamada como principal.

Por su parte la entidad demandada se oponía a la demanda alegando la satisfacción extraprocesal de la petición deducida de contrario relativa a la resolución del contrato de crédito al consumo, que se canceló con efectos de 5 de febrero de 2016, como le fue comunicado a la actora mediante carta de 25 de abril de 2016. Por lo que se refiere a la improcedencia de la reclamación de cantidad, aduce su ajeneidad respecto a la actuación de la prestadora de servicios Dental Salud 2012, S.L. (FUNNYDENT); y por otro lado indica que el supuesto informe aportado de contrario valorando el tratamiento llevado a cabo, no puede ser reconocido ni ser tenido en cuenta por contener prestaciones o tratamientos no contemplados en los inicialmente contratados, y otros tratamientos o secuelas que no estaban dentro de los inicialmente presupuestados; añade además que desde el cierre de la clínica se le privó de los documentos necesarios y de la colaboración de la demandante para una evaluación objetiva de la situación, resultando extemporánea la valoración del tratamiento pretendida.

La Sentencia ahora apelada estimó íntegramente la demanda al considerar respecto a la declaración judicial de resolución, la no existencia de inconveniente en realizar un pronunciamiento declarativo, pues aunque innecesario al haberlo ya dado por resuelto anticipadamente la propia entidad financiera, sirve para una mejor consolidación de la extinción de la relación jurídica, con los mismos efectos resolutivos sobrevenidos que se producen desde el cierre de los establecimientos producidos el 28 de enero de 2016. 

En cuanto a la cuestión del reembolso de las cantidades percibidas por FUNNYDENT en relación al porcentaje de tratamiento realizado, considera que al concurrir los requisitos del artículo 29 de la Ley 16/2011, de 24 de junio , la actora podía oponer válidamente frente a la entidad financiera el hecho de haber abonado más importe de precio por un tratamiento que no se había recibido en igual proporción, y acoge las conclusiones del informe de valoración de los trabajos odontológicos aportado por la demandante considerando que su tenor literal es claro al recoger descriptivamente una por una las labores a realizar en el tratamiento presupuestado a la actora por Funnydent, describiendo correlativa y comparativamente los trabajos realizados y su grado de terminación; no habiéndose aportado por la demandada ningún informe pericial contradictorio en apoyo de su alegación.

La demandada interpone recurso de apelación contra las decisiones de la referida Sentencia alegando error en la apreciación y valoración de los hechos, y su traslado al fallo de la Sentencia; error y contradicción en la apreciación de la prueba en conjunto; e improcedencia de la condena de cantidad de 2.533,26 euros, más intereses y costas.

SEGUNDO.- 

Los motivos del recurso que se analizan se dirigen a combatir la valoración de la prueba efectuada por la Juzgadora de instancia y la conclusión a la que se llega por tal motivo en el fallo de la Sentencia, en cuanto a la estimación de la demanda formulada frente a la ahora apelante.

La Sentencia de la Sección 11ª de 30 de septiembre de 2015, recurso nº 459/2014, de esta Audiencia Provincial, siguiendo el criterio mantenido en otras muchas, analiza los criterios sobre valoración de la prueba en el siguiente sentido: " Se puede recordar que constituye doctrina y jurisprudencia reiterada que la valoración de la prueba es una función propia del Juzgador de instancia cuyas conclusiones deben mantenerse a no ser que sean ilógicas, arbitrarias o contrarias a derecho, según se expresa, entre otras muchas en la STS de 14 de diciembre de 1989 . Al respecto, debe tenerse en cuenta que prevalece la valoración que de las pruebas realicen los órganos judiciales por ser más objetiva que la de las partes, dada la subjetividad de éstas por razón de defender sus particulares intereses, a las que está vedada toda pretensión tendente a sustituir el criterio objetivo de los jueces por el suyo propio ( SSTS de 1 de marzo de 1994 y 3 de julio de 1995 , entre otras muchas).

Por ello, cuando se trata de valoración probatoria, la revisión de la sentencia deberá centrarse en verificar la legalidad en la producción de las pruebas, la observancia de los principios rectores de su carga y, en su caso, de las reglas relativas a la prueba tasada y si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el juez "a quo" de forma arbitraria, ilógica, insuficiente, incongruente o contradictoria o si, por el contrario, la apreciación conjunta del mismo es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso.

En este sentido, señala la SAP Madrid, Sección 21, en sentencia de 21 de febrero de 2013 : "Cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez "a quo" sobre la base de la actividad desarrollada en el acto del juicio, debe partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el acto solemne del juicio en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción, concentración y oralidad, pudiendo la Juzgadora desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado, así como la forma de expresarse y conducirse de las partes y los testigos en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia, exigencia que no se cumple ni siquiera con el visionado del soporte informático del acta, pues, como ya hemos dicho, no tiene la posibilidad de intervenir que posee el Juez "a quo". De ahí que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 17 de diciembre de 1985 , 23 de junio de 1986 , 13 de mayo de 1987 , 2 de julio de 1990 , 4 de diciembre de 1992 y 3 de octubre de 1994 , entre otras), únicamente deba ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador "a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada. La revisión jurisdiccional del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional se incardina en una estructura jurídica claramente pergeñada por el legislador: infracción de las normas que regulan la valoración de la prueba denunciada en las alegaciones que sirvan de base a la impugnación de la sentencia ( artículo 458.1 LEC ).

O como recuerda la sentencia de la AP de Valladolid de 18 de octubre 2006 , que la ponderación probatoria corresponde de forma primera y primordial al juzgador de instancia que, sabido es, opera con las ventajas que confieren la inmediación, oralidad y contradicción, de manera que en esta alzada, y a pesar del conocimiento pleno que de la cuestión tiene el Tribunal de apelación, éste se limita a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio, el juez de origen se ha comportado de forma ilógica , arbitraria o contraria a las máximas de experiencia o a las reglas de la sana crítica.".

También se ha de poner de relieve que, como reiteradamente se tiene declarado, la materia relativa a la carga de la prueba y las consecuencias derivadas de la falta de probanza está regulada en el artículo 217 LEC , precepto que, en sus apartados 2 y 3, establece que corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda e incumbe al demandado la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior; lo cual significa que corresponde a la parte actora acreditar los hechos constitutivos del derecho cuyo reconocimiento y protección invoca y, a la parte demandada, los impeditivos o extintivos del mismo, sin que deba desconocerse, por un lado, que, conforme al apartado 1 del referido precepto, si al tiempo de dictar sentencia el Tribunal considera dudosos unos hechos relevantes para la decisión, habrá de desestimar las pretensiones del actor o del demandado según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones y, por otro, que a tenor del apartado 6 del tan repetido artículo, para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponda a cada una de las partes del litigio. Concretamente, la STS de 18 de mayo de 1.988 declara en relación con la doctrina legal de la carga de la prueba que ha de interpretase: "según criterios flexibles y no tasados, que se deben adaptar a cada caso, según la naturaleza de los hechos afirmados o negados y la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte".

La STS de 12 de junio de 2012 ha dicho: "Las reglas de distribución de la carga de prueba solo se infringen cuando, no estimándose probados unos hechos, se atribuyen las consecuencias de la falta de prueba a quién según las reglas generales o específicas, legales o jurisprudenciales, no le incumbía probar, y, por tanto, no le corresponde que se le impute la deficiencia probatoria. (...) La doctrina de la facilidad o disponibilidad probatoria permite hacer recaer las consecuencias de la falta de prueba sobre la parte que tenía más facilidad o se hallaba en una posición mejor o más favorable por la disponibilidad o proximidad a su fuente para su aportación, pero la mera imposibilidad probatoria de un hecho no puede traducirse, sin más, en un desplazamiento de la carga de la prueba ( STS 08/10/2004 RC 2651/1998 ). (...) el artículo 217 LEC establece las normas de la carga de la prueba en relación con los hechos controvertidos o litigiosos no así con los hechos indubitados. (...)".

A todo lo cual cabe añadir lo siguiente: Las declaraciones de las partes en el interrogatorio, salvo que se trate del reconocimiento como ciertos de hechos personales perjudiciales para el declarante, no contradicho por el resultado de las demás pruebas, y los testimonios de los testigos e informes de peritos han de valorarse conforme a las reglas de la sana crítica y en el conjunto de las pruebas practicadas, según los artículos 316 , 376 y 348 de la Ley de Enjuiciamiento civil .

...

Es innecesario examinar pormenorizadamente todas las pruebas, pues no se exige una investigación detallada de cada una de las practicadas, siendo suficiente que de su análisis se extraiga, con convicción, un resultado fruto de la conjunción de dichos elementos probatorios y es suficiente que el tribunal razone sobre aquellos elementos a partir de los cuales obtiene sus conclusiones, sin necesidad de que se refiera de manera exhaustiva a todos los medios de prueba obrantes en los autos ( STS de 8 de julio de 2009, RC n.º 13/2004 ), por lo que, el hecho de que en la sentencia impugnada se rechacen determinadas alegaciones de la demandante o demandada o no se tenga en cuenta un determinado documento o medio probatorio aportado por aquéllas, en nada afecta a la correcta valoración de la prueba y conclusiones alcanzadas en la sentencia apelada.

Y, en virtud del principio de "adquisición procesal", los juzgadores obtienen su convicción decisoria de cualquiera de las pruebas obrantes en autos, con independencia del litigante que las haya suministrado pues, en virtud del principio de "adquisición procesal", los resultados de las pruebas se logran para el proceso y se producen en beneficio indistinto de ambas partes y no sólo de la que las aporta a él ( SSTS de 24 de abril de 2003 , 14 de mayo de 2001 y 12 diciembre y 24 abril 2000 ). " Asimismo, la Sentencia de esta Sección de fecha 8 de mayo de 2017, en su recurso número 1163/2016 , ha tenido ocasión de recoger la doctrina inveterada sobre el particular al afirmar que " sobre la apreciación de la prueba, resulta indiscutido en el ámbito jurisdiccional que constituye una función exclusiva del órgano de enjuiciamiento, no susceptible de revisión en apelación cuando la ponderación se ha ajustado a las reglas de la sana crítica y las conclusiones resultantes de esta evaluación no resultan irracionales o ilógicas, debiendo prevalecer sobre la opinión parcial que merezcan a las partes en el proceso", y que "la actividad intelectual de valoración de las pruebas se incardina dentro de las facultades propias del Juez de instancia, cuyas conclusiones, favorecidas por el principio de inmediación, deben mantenerse a no ser que sean ilógicas, arbitrarias o contrarias a derecho, debiendo prevalecer la evaluación que de las pruebas realizan los órganos judiciales por ser más objetiva que la de las partes, habida cuenta de los intereses particulares que éstas defienden, no pudiendo tener favorable acogida aquella pretensión dirigida a sustituir el criterio objetivo del Juez por el subjetivo de la parte" .

Es decir como ya tiene declarado este Tribunal, en definitiva, la segunda instancia ha de limitarse, cuando de valoraciones probatorias se trata, a revisar la actividad del juzgador a quo, en el sentido de comprobar que ésta aparezca suficientemente expresada en la resolución recurrida y no resulte arbitraria, injustificada o injustificable, insuficiente, incongruente o contradictoria o si, por el contrario, la apreciación conjunta del mismo es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso.

Así, expuestos los principios básicos en los que se deben basar los Tribunales a la hora de la apreciación de las pruebas, y tras el análisis de las actuaciones, y los hechos relevantes puestos de manifiesto tras la revisión de las pruebas practicadas, no pueden llevar en el presente caso, a efectuar nueva valoración del material probatorio, al considerarse que la Juzgadora a quo no ha incurrido en ninguna errónea valoración de las pruebas practicadas, como a continuación quedará especificado.

TERCERO.- 

A la vista de lo actuado, y de la documental propuesta y practicada en relación con el artículo 326 de la LEC , en primer lugar ha de dejarse sentado que no existe discrepancia respecto a la realidad de la contratación, por otro lado tampoco resulta duda de que el contrato de financiación es un contrato vinculado al tratamiento odontológico.

También se ha probado y no es discutido por la demandada ahora apelante que el tratamiento dental previsto en el presupuesto se cumplió en solo una parte, y que la clínica donde se prestaba el mismo, se cerró el 28 de enero de 2016, y pese a ello, la clínica no solicitó de la financiera la cancelación de la financiación.

Partiéndose de la vinculación del contrato de financiación al tratamiento odontológico, y acreditado por no ser negado además de contrario, el incumplimiento de la proveedora del servicio financiado, la cual no ha prestado los servicios odontológicos previstos en el presupuesto ofrecido a la demandante, ello necesariamente ha de repercutir en el contrato de financiación; máxime cuando la financiación tuvo lugar a través de la propia Clínica.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de marzo de 2018 , citada en la Sentencia de la Sección 9ª de esta Audiencia Provincial, de fecha 28 de septiembre de 2018, recurso 448/2018, examina la anterior cuestión en el siguiente sentido: "

SEGUNDO.- 

Vinculación entre el contrato de financiación a cuyo amparo se demanda y el contrato de prestación de servicios dentales concertado por la demandada con una tercera entidad. Regulación legal de los contratos vinculados No se ha suscitado prácticamente debate entre las partes en relación con los aspectos fácticos del litigio. Del contrato adjuntado a la demanda como documento número 1 se desprende que en fecha 17 de abril de 2008 Bansabadell Fincom, E.F.C., S.A. concedió a Doña Belen un préstamo personal destinado a la financiación de un tratamiento dental que se dispensaría por la empresa A.C. Dental, y cuyo coste ascendía a 4.470,70 euros, equivalente al nominal del préstamo. Todos los citados datos, se insiste, se reflejan expresamente en el precitado documento contractual.

Tampoco se discute que, por tratarse de servicios de odontología prestados de forma particular a una persona física, y por tanto ajenos a toda actividad empresarial ni profesional, la Sra. Belen ostentaba en esa operación la condición de consumidora, a tenor de lo previsto en el artículo 3 del texto refundido de la LGDCU , aprobado por Decreto Legislativo 1/2007. Del propio modo, dado que el préstamo otorgado por Bansabadell Fincom, E.F.C., S.A. estaba funcionalmente vinculado con aquella prestación de servicios realizada en el ámbito de consumo, es evidente que en esa financiación la prestataria también gozaba de la cualidad de consumidora, en este caso de crédito.

Se incide especialmente en la vinculación funcional que debe predicarse entre el préstamo de financiación y la prestación de los servicios médicos, no ya solo porque tal interdependencia resulta con nitidez del tenor literal del contrato adjuntado como documento número 1 a la demanda, en los términos ya expuestos, sino también porque consta que el capital del préstamo fue abonado directamente por el financiador a la entidad que dispensaría el tratamiento dental, tal y como reconoció el representante legal de Bansabadell Fincom, E.F.C., S.A. durante la diligencia de interrogatorio.

Las anteriores premisas permiten incardinar aquel entramado contractual en la órbita de los contratos vinculados de consumo, modalidad negocial regulada -en la época del contrato litigioso- en los artículos 9,14 y15 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo(LCC) -que había traspuesto al Derecho nacional la Directiva 87/102/CEE, del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de crédito al consumo-, sustituidos en la actualidad por los artículos 23,26y29 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo(LCCC), en vigor a partir del 25 de septiembre de ese año y que supuso, a su vez, la trasposición al derecho interno de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo.

Es altamente revelador del significado de aquella vinculación que el propio legislador defina los contratos vinculados de venta de bienes y de financiación, desde un punto de vista objetivo, como una "unidad comercial" (artículo 29.1 LCCC), de lo que extrae una doble consecuencia: a) la eficacia del contrato principal de consumo se supedita a la efectiva obtención del préstamo, hasta el punto de que el artículo 14.1 LCC prohíbe una cláusula que permitiera exigir el pago al contado al consumidor "para el caso de que no se obtenga el crédito de financiación previsto"; y b) la ineficacia sobrevenida del contrato principal -así, por razón de nulidad, desistimiento del consumidor, resolución de mutuo acuerdo o por incumplimiento grave del vendedor- determina asimismo "la ineficacia del contrato expresamente destinado a su financiación" (artículo 14.2 LCC).

Como se apunta en la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2016 , la Directiva 87/102 /CEE perseguía la finalidad de permitir al consumidor adquirente de un bien o servicio oponer frente al financiador las vicisitudes del contrato concertado con el proveedor del bien o servicio, siempre que financiador y proveedor tuvieran una relación de financiación exclusiva, sin que la distinta personalidad jurídica del financiador respecto del proveedor permitiera a dicho financiador oponer frente al consumidor su "ajenidad" a las incidencias del contrato entre proveedor y consumidor, puesto que, de acuerdo con los considerandos de la directiva, "en lo que se refiere a los bienes o servicios que el consumidor adquiera en el marco de un acuerdo de crédito, el consumidor, al menos en las circunstancias que posteriormente se definen, debería tener respecto del prestamista derechos adicionales en relación con los que normalmente tendría contra él y contra el proveedor de los bienes o servicios".

En atención a tales criterios es claro que en el caso que nos ocupa existe vinculación entre ambos contratos, extremo que incluso no se discute por la demandada, y la falta de cumplimiento esencial del tratamiento odontológico contratado debe llevar la resolución contractual, siendo la cuestión discutida en esta alzada, si dicha pretensión de resolución se vio cumplida en este caso, extrajudicialmente con carácter previo a la interposición de la demanda, lo que haría innecesario la impetración del auxilio judicial.

Atendiendo las circunstancias que aquí concurren por un lado debe tenerse en cuenta que las clínicas de Funnydent cerraron el 28 de enero de 2016, que sin embargo a la demandante, ahora apelada, le siguieron girando cuotas del contrato de crédito al consumo hasta marzo de 2016, si bien esta última mensualidad fue devuelta, todo como resulta del documento nº 12 de la demanda, consistente en el correspondiente extracto bancario del crédito en cuestión; por otro lado, del documento aportado por la demandada junto con la contestación a la demanda consistente en carta de la entidad ahora apelante, dirigida a la actora, fechada el 25 de abril de 2016, resulta que la misma consideró extinguidas las obligaciones derivadas de dicho contrato con efectos de 5 de febrero de 2016; es cierto que no resulta de lo aportado la realidad de la recepción de dicha carta por la demandante, pero en consonancia con el criterio mantenido por la Sección 14ª de esta Audiencia Provincial, en Sentencia de fecha 18 de abril de 2018, en recurso 692/2017, el hecho incuestionable de que la entidad bancaria dejara de girar las cuotas mensuales de amortización, lleva a suponer que se dejó sin efecto el contrato en cuestión.

Ahora bien, siendo cierto lo anterior, también lo es que no consta acreditado que la entidad ahora apelante procediera a la devolución de las cuotas que mediaron, desde el 28 de enero de 2016, fecha del efectivo cierre de la clínica, coincidente económicamente con la fecha que ella misma asume como de extinción del contrato -2 de febrero de 2016-, y hasta que cesó el giro de las mismas -marzo de 2016-, pues con independencia de que el recibo correspondiente a la mensualidad de marzo resultara devuelto por la actora, quedaría pendiente de devolver por la entidad demandada, la mensualidad correspondiente a febrero de 2016, que fue girada y cobrada, lo que lleva a la conclusión de que al menos los efectos inherentes a la resolución contractual, no se encontraban cumplidos con anterioridad a la interposición de la demanda que motiva las presentes actuaciones, y por ende la pretensión en tal sentido era necesaria para la parte demandante a fin de ver cumplidas en su integridad sus expectativas en tal sentido, lo que determina la desestimación de este motivo del recurso, sin perjuicio de que las concretas cantidades a devolver por la demandada, se engloben en lo que se va a resolver a continuación respecto a la impugnación del pronunciamiento relativo a las cantidades objeto de condena.

CUARTO.- 

Sentado lo anterior, y respecto de las cantidades abonadas a la entidad financiera hoy demandada, que según el documento nº 12 de la demanda, ascendieron a 7.333,26 euros, y como quiera que el tratamiento realmente llevado a cabo, suponía un 40% de lo presupuestado y financiado -12.000 euros -, la cantidad a restituir por causa de la resolución asciende precisamente a la cantidad reclamada en la demanda y acogida en la Sentencia recurrida - 2.533,26 euros -.

El referido porcentaje del 40% resulta del documento aportado junto con la demanda como documento nº 13, consistente en informe pericial del odontólogo especialista en daño personal Dº Abilio , cuya mera impugnación por la demandada, no le priva de la eficacia y validez, que derive de su contenido probatorio intrínseco.

Y es que debe tenerse en cuenta que para la valoración de tal extremo, se toma en especial consideración la prueba pericial practicada aportada por la demandante, no cuestionada mediante otra pericial contradictoria, y ello debido a los especiales conocimientos técnicos precisos para su resolución, teniéndose en cuenta que respecto a su valoración, dispone en este sentido el Tribunal Supremo en Sentencia de 30 de julio de 1999 lo siguiente: " La prueba pericial debe valorarse según las reglas de la sana crítica, del justo y lógico criterio y si existen asesoramientos contradictorias será oportuno decantarse hacia el que parezca más lógico." La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de la Sección 12ª, de 22 de septiembre de 2010 recoge " Debe señalarse por la Sala que al margen de que el Juzgador de instancia es libre para escoger de entre las pruebas practicadas, aquellas que estime conducentes a la acreditación de los hechos, en los casos como el de autos, es sabido que la prueba pericial adquiere un valor relevante y aunque no existe norma legal que obligue al Juzgador a atenerse solamente a los informes emitidos por peritos sean éstos de parte o nombrados judicialmente, puede acoger cualesquiera de ellos cuando estime que el mismo es más completo, razonado y pormenorizado.

Tal y como expuso la S.T.S. de 25 de noviembre de 2002 "El juzgador de instancia, en su función soberana de fijar los hechos, pudo tomar en cuanto los informes técnicos aportados por las partes y la variada documentación incorporada a las actuaciones, pero en ejercicio de su facultad discrecional, en absoluto arbitraria o abusiva, optó por la pericial para formar o reforzar la propia convicción sobre la problemática de la cuestión debatida" (v. S. 23 de mayo 1994) y añade que, el juzgador de instancia no tiene porqué especificar cuáles son las reglas de la sana crítica, que toma en consideración para confiar plenamente en las conclusiones de un dictamen pericial emitido." Pues bien, tras el análisis del informe pericial referido, y su comparación con el presupuesto que resultó financiado, y que se adjuntó a la demanda como documento nº 1, no puede concluirse que la valoración de dicho medio de prueba, que se efectúa en la Sentencia dictada en la instancia, incurra en arbitrariedad alguna, o abuso en su valoración, antes al contrario, esta Sala considera que la conclusión alcanzada se ajusta a las operaciones y premisas llevadas a cabo en dicho informe, que de forma pormenorizada analiza que actuaciones del tratamiento presupuestado han sido llevadas a cabo a la fecha de interrupción del mismo, y cuáles se encontraban pendientes, alcanzando la conclusión, no contradicha, de que los trabajos llevados a cabo suponían un 40% del total, quedando la paciente en una situación de edentulismo parcial, lo cual complicaba las funciones estética, masticatoria y fonética, con todo lo que ello conlleva, y que por tanto, justifica que la misma no demorara la subsanación de tales complicaciones, finalizando el tratamiento en otro centro, sin esperar a que la ahora apelante, la revisara y adoptara una decisión a sus reclamaciones, decisión que como resulta del documento de la contestación a la demanda, no llegó antes de abril de 2016.

Por todo lo anterior, debe desestimarse el recurso de apelación en su integridad y confirmar la Sentencia recurrida.

QUINTO.- 

En materia de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento civil , las costas de esta alzada han de imponerse a la parte apelante.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO [SENTENCIA FUNNYDENT]::

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr.*** en nombre y representación de BANCO SANTANDER, S.A., contra la Sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 87 de Madrid, de fecha 25 de abril de 2018 , en los autos de juicio ordinario seguidos bajo el número 704/2017, debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS la expresada resolución, con imposición de las costas de este recurso a la parte apelante.

SAP MADRID, 19 DE ENERO DE 2019, CASO FUNNYDENT SAP MADRID, 19 DE ENERO DE 2019, CASO FUNNYDENT Reviewed by fran on marzo 14, 2021 Rating: 5

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