RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE CRÉDITO AL CONSUMO

ANTECEDENTES DE HECHO:


ACEPTANDO los Antecedentes de Hecho de la
sentencia recurrida; y

PRIMERO.- La sentencia recurrida contiene
la siguiente parte dispositiva: «ESTIMAR la demanda interpuesta por el
Procurador de los Tribunales Sra.** en nombre y representación de
Dolores y en consecuencia procede, condenar solidariamente a los demandados
ADQUIERA EFC, SA y a Segismundo a estar y pasar por las siguientes
declaraciones:

1) Declarar resuelto por incumplimiento el
contrato de tratamiento dental
concertado en su día con Segismundo , con el
nombre comercial de Soldent Clínica Dental, a partir del cierre de la misma. 

2)
Declarar la vinculación entre este contrato de tratamiento dental y el de
financiación
con ADQUIERA EFC, SA y ello fundado en la Ley 7/1995, de Crédito
al Consumo. 

3) Declarar la resolución del contrato de financiación desde la
misma fecha que el contrato de tratamiento dental, es decir a partir del cierre
de la clínica Soldent.

Y en consecuencia se condena a ADQUIERA EFC, SA a
reintegrar a la parte actora la cantidad de 115,63 euros correspondiente a la
cantidad pendiente de satisfacer, de conformidad con el suplico de la actora
.
Condenando solidariamente a los demandados ADQUIERA EFC, SA y Segismundo al
pago de las costas procesales.

La presente sentencia no es firme, y contra la
misma cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN para ante la Audiencia Provincial de
Tarragona, que habrá de prepararse ante este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS
a partir de su notificación, mediante escrito en el que el apelante deberá
limitarse a citar la resolución apelada y a manifestar su voluntad de recurrir,
con expresión de los pronunciamientos que impugna.

La parte apelante presento escrito solicitando
aclaración de la sentencia que se resolvió por auto de 28/3/2011,
desestimatorio de la pretensión.

SEGUNDO.- Contra la mencionada sentencia
se interpuso recurso de apelación por Adquiera Servicios Financieros E.F.C.,
S.A., en base a las alegaciones que son de ver en el escrito presentado.

TERCERO.- Dado traslado a las demás partes
personadas del recurso presentado para que formulasen adhesión o se opusieran
al mismo, se opuso Dolores y no compareció en esta instancia.

CUARTO.- En la tramitación de ambas
instancias del procedimiento se han observado las normas legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Presidente D.
***

FUNDAMENTOS DE DERECHO:


PRIMERO.- La apelación se alza contra la
sentencia que estimó la demanda y acordó la resolución de los contrato de
prestación de servicios y el vinculado de financiación, formalizado el primero
entre la actora y la clínica Soldent, cuyo titular era el codemandado, en
situación procesal de rebeldía, Segismundo , por el que ésta debía proporcionar
tratamientos dentales al esposo de la actora y a una hija de ambos, contrato
que se financio con un préstamo negociado directamente por Segismundo y que fue
concedido a la actora por la codemandada Adquiera Servicios Financieros E.F.C.,
S.A., por un importe de 5.720 € y que comenzó a reintegrarse el 4/9/2008, si
bien los tratamientos se interrumpieron en enero de 2009 al cerrar la clínica,
y lo hace invocando incongruencia de la sentencia, falta de acción, gratuidad
del contrato de financiación, impugnación de la cuantía del procedimiento,
falta de legitimación.

SEGUNDO.- La incongruencia de la sentencia
la centra la apelante en que la misma la condenó a pagar la suma de 115, 63 €
cuando la actora reconoció en su demanda que esa cantidad la adeudaba a la
financiera como parte del tratamiento realmente recibido por su esposo, y en el
hecho de que la fecha de la resolución del contrato de financiación se haga
coincidir con la del cese de la servicios, en enero de 2009, cuando la
demandante reconoció la efectividad de los pagos posteriores de febrero y
marzo.

TERCERO.- El primer motivo se admite dado
que la suma referida se reconoció en la demanda como pendiente de pago respecto
del tratamiento debidamente realizado, y no se reclamo como cantidad a devolver
por la demanda, por lo que la condena a ésta a pagar esa suma debe dejarse sin
efecto por tratarse de un manifiesto error del Juez a quo.

CUARTO.- Por lo que se refiere a la sumas
pagadas de enero a marzo de 2009 y la pretensión de que se extienda los efectos
de la resolución del contrato de financiación a los referido pagos, se rechaza
pues la resolución de los contratos, al ser vinculados, es coincidente, con
independencia de que la actora omita, como ha hecho, la devolución de pagos
posteriores por reconocer que los mismos cubren el importe del tratamiento
debidamente proporcionado y, por ello, debidos, evitándose con ello
reclamaciones posteriores y en virtud de un voluntario y libre reconocimiento
de deuda que zanjan las relaciones entre las partes al margen de esta litis,
pues en ella la actora no solicitó la devolución de los referido pagos, pero
tampoco la demandada solicitó pronunciamiento alguno respecto de ellos, ya que
no formulo reconvención, por lo que el motivo se rechaza.

QUINTO.- Por lo que se refiere a que la
sentencia no se pronuncio respecto de la falta de obligación de la actora de
devolver cantidad mayor a la financiada ya que en el contrato financiación no
se había incluido tasa alguna de financiación, la falta de pretensión en el
suplico en tal sentido omite toda cuestión al respecto, pues la referencia
efectuada en la argumentación de la demanda no se concretó en solicitud alguna,
y, como señala la sentencia del TS de 26/3/2012 , «El deber de
congruencia, consistente en la exigencia derivada de la necesaria
conformidad que ha de darse entre la sentencia y las pretensiones que
constituyen el objeto del proceso
, existe allí donde la relación entre
estos dos términos, el fallo y las peticiones de las partes, no está
sustancialmente alterada
( SSTS de 11 de febrero de 2010, RC n.º 2524/2005
, 21 de enero de 2010, RC n.º 2349/2005 ). El motivo se rechaza.

SEXTO.- Invoca la apelante la falta de
acción de la actora respecto de la pretensión inicial de que se declarara
resuelto del contrato de tratamiento dental, y para ello pretende que como esa
pretensión figuraba en la demanda inicial y la misma no podía modificarla con
posterioridad a su presentación, debió desestimarse la pretensión de la actora
por falta de acción, lo que le lleva a ignorar que su excepción de falta de
litisconsorcio pasivo necesario recibió el adecuado tratamiento procesal con la
llamada al proceso del titular de la clínica a través de los tramites del art.
420 de la LEC , lo que origino que la referida pretensión se dirigiera contra
Segismundo , frente al que se declaró la resolución del contrato de tratamiento
dental, no realizándose pronunciamiento alguno en tal sentido respecto de la
apelante ya que la nueva demanda introdujo las modificaciones precisas para
ello, por lo que la pretensión de la apelante peca de formalista y falta de
fundamento.

SEPTIMO.- Alega también que habiendo
impugnado la cuantía de la demanda, dado que la actora la fijó en la totalidad
del crédito sin descontar la cantidad que estimó debida, el Juez a quo no
resolvió la cuestión, a lo que se impone responder que la impugnación de la cuantía
de la demanda se regula en el artículo 255 de la LEC , pero se limita a los
supuesto en que esa impugnación pueda afectar al tipo de procedimiento a
seguir, impugnación que debe efectuarse en la contestación a la demanda y se
resuelve en la audiencia previa, y siendo que la demandada no la impugnó en su
contestación y que la pretendida impugnación no afectaría al tipo de
procedimiento, la omisión carece de trascendencia y no afecta para nada a el
pronunciamiento de costas por ser una pretensión inútil.

OCTAVO.- Entrando en el fondo del asunto
opone la apelación que la actora carece de legitimación y acción por no reunir
los requisitos del art 15 de la Ley 7/1995 de Crédito al Consumo , ya que no
contrato el servicio para ella sino para su marido e hija, no siendo
consumidora por no haber concertado ningún servicio.

El art. 1 de la Ley invocada disponía que la
presente Ley se aplicara a los contratos en que una persona física o jurídica
en el ejercicio de su actividad, profesión u oficio, en adelante empresario,
concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de
pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de
financiación, para satisfacer necesidades personales al margen de su actividad
empresarial o profesional, y es esa expresión de actividad personal la que ha
llevado a la doctrina y a la audiencias provinciales a sostener que se impone
una interpretación no literal que solo acoja a los individuos que solicitan la
financiación, sino más ampliamente de acuerdo con la realidad social, para
comprende las necesidades o utilidades de las personas que forman un grupo
entre las que se comunican esas necesidades, integrándose en ellos los grupos
familiares ya sean por vinculación parental o por mera convivencia, y en las
resoluciones judiciales se ha incidido en la posibilidad de proteger al
consumidor aunque no coincida con el material en casos como la contratación de
curso de idiomas por padre para sus hijos, supuesto no ignorado por la parte
apelante cuando dirige su objeción al marido y no a la hija de la actora.

Ahora bien, en la sentencia del TS de 18/6/1999,
recurso 3337/1994 , se dice: Evidentemente no revestía tal carácter la sociedad
agraria, pues dedicándose a la venta de productos agrícolas, en ningún momento
actuó como destinatario final, cosa que hubiera ocurrido si su feracidad
agrícola tuviera por objeto restringido y exclusivo el consumo familiar o
doméstico. En la de 18/10/2000 se dice: «en el caso es claro, como se
razona en el desarrollo del motivo primero, que la impresora objeto del
contrato de compraventa litigioso se adquirió para una actividad de
publicación, y no para un mero uso doméstico o personal. En la de 15/12/2005,
recurso 1556/1999,con mayor claridad se señala: El artículo 1, apartados 2 y 3,
de la Ley 26/1.984, de 19 de julio , delimita el ámbito subjetivo de la misma
atribuyendo la condición de consumidor no a cualquiera que lo sea por aparecer
en la posición de quién demanda frente a quien formula la oferta, sino al consumidor
que resulte destinatario final de los productos o servicios ajenos que
adquiere, utiliza o disfruta. Esto es, al que se sirve de tales prestaciones en
un ámbito personal, familiar o doméstico (como dispone el artículo 3.3 de la
Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía ,
también señalado por la recurrente como no aplicado).

De las referidas sentencia y de otras muchas de
la audiencias provinciales cabe derivar que ser destinatario final significa
usa de bien o servicio para el uso personal privado, familiar o domestico del
que lo adquiera, supuesto en el que cabe incluir el de autos en el que la el
servicio se destino al ámbito de la familia de la contratantes y la
financiación a cubrir sus costes.

Cabe señalar, en sentido concurrente con lo
anterior, que en la sentencia del TJCE de 14/3/1991 (asunto Pinto),
refiriéndose al concepto de consumidor en la directiva 85/577 , en relación con
un contrato celebrado fuera del establecimiento mercantil, se señaló que el
mismo constituía «actos de gestión realizados para satisface necesidades
que no son las necesidades familiares o personales del comerciante, con lo que
se daba a entender que el concepto de consumidor se extendía a quien contrataba
para cubrir necesidades propias o de su familia, y la del mismo Tribunal de
17/3/1998 (asunto Dietzinger ), respecto de la misma directiva señaló que no
hay nada que exija que la persona que haya celebrado el contrato en virtud del
cual deben entregarse bienes o prestarse servicios sea el destinatario de esos
bienes o servicios.

Constando en autos que la actora contrato los
servicios de la clínica para su marido e hija y que por consejo del titular de
la misma contrato la financiación, lo que equivalía a convertirse en la
adquirente del servicio por ser quien lo pagaba, lo que efectuó por ofrecer
mayor crédito su condición de funcionaria, alegato de la demanda que es
plenamente aceptable por su coherencia y credibilidad, se impone el rechazo de
la oposición formulada.

NOVENO.- Se invoca que el contrato de
financiación no tiene el carácter de vinculado porque la actora tuvo la
oportunidad de contratar con diversas financieras.

Al respecto debemos señalar que es doctrina
consolidada jurisprudencialmente la establecida por la STS 6/5/2013, recurso
1270/2012 , según la que: » Como señala la STS 735/2012, de 12 de
Diciembre de 2012 : e sa exclusividad, negada por la recurrente, no es
incompatible con la posibilidad de que colaboren con el prestador de los bienes
o servicios varias entidades financieras, ya que, como indicamos en las antes
mencionadas sentencias, se determina en función de las posibilidades efectivas
de que, razonablemente, hubiera dispuesto el consumidor para contratar con otra
concedente de crédito distinta de la señalada por la suministradora, por virtud
de estar vinculada a ella mediante un acuerdo previo.


«Declaramos en aquellas ocasiones que, en
el supuesto de que la libertad de decisión del consumidor en ese punto no se
hubiera respetado, se deben proteger sus intereses extrayendo consecuencias
jurídicas de una conexión contractual determinada sin su colaboración, ya desde
el origen de la operación»
. (Fundamento de Derecho Tercero)

En este mismo sentido, la STS 148/2011, de 4 de
marzo de 2011 , antes citada: «el concepto de exclusividad reside en
las efectivas posibilidades de que, razonablemente, hubiera dispuesto cada
consumidor para optar por contratar con otro concedente de crédito distinto del
señalado por las proveedoras y al que las mismas estaban vinculadas por un
acuerdo previo. La finalidad de la exigencia y la de toda la norma no puede ser
otra que la de proteger la libertad de decisión del consumidor en la elección
del financiador. En el supuesto de que esta libertad de decisión no se haya
respetado, se debe proteger sus intereses extrayendo consecuencias jurídicas de
una conexión contractual determinada sin su colaboración, ya desde el origen de
la operación».


En esta materia, la finalidad de la norma no
puede ser otra que la de proteger la libertad del consumidor en la elección del
financiador, pues en caso contrario, como aquí sucede, debe protegerse sus
intereses ante una relación trilateral con una conexión funcional y unitaria en
la que el consumidor no ha participado desde la génesis de la total
operación».

Resultado acreditado que fue el titular de la
clínica el que procedió a proporcionar los documentos de la financiación y a
tramitar la misma, sin que conste que diera a la actora alternativa de
elección, tal y como concluye la sentencia recurrida, y acreditado el previo
concierto o acuerdo con la financiera, se impone el rechazo de la oposición.

DECIMO.- Invoca la apelación que no
existió reclamación previa por parte de la actor ya que únicamente dirigió
carta a la apelante pero no a la clínica, alegato que choca con la documental
obrante a folios 36 y siguiente, documento 15 y 16 de demanda, constituidos por
burofax dirigido a los dos codemandados, por lo que el alegato carece de
fundamento.

UNDECIMO.- Respecto de las costas de
primera instancia debe señalarse que, a pesar de los pretendidos errores de la
demanda, mas imaginarios que reales y fruto de una exacerbado formalismo por
parte de la apelante, y teniendo en consideración que la demanda ha sido
estimada en forma sustancial, con arreglo al art. 394 de la LEC procede
confirmar la imposición de costas efectuada por la sentencia de instancia.

DUODECIMO.- Que la desestimación del
recurso planteado obliga a hacer imposición de costas al recurrente por
disposición del art. 398 de la L.Enj.Civil, sin que a ello se oponga la mera
corrección de un error en la sentencia de instancia dado que el mismo no ha
sido imputable a la parte apelada y tiene carácter intrascendente respecto del
contenido sustancial de la demanda.

VISTOS los preceptos legales y demás aplicables.

FALLO:


Que declaramos NO HABER LUGAR a la
apelación interpuesta por Adquiera Servicios Financieros E.F.C., S.A., contra
la sentencia dictada el 25 de febrero de 2011, por el Juzgado de 1ª Instancia
nº 4 del Vendrell cuya resolución confirmamos, con imposición de costas del
recurso a la parte apelante.

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